Pronunciamiento frente a las políticas regresivas del gobierno nacional en el campo de la salud y la salud mental

Asamblea Permanente en Defensa de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones (LNSM)

A los 25 días del mes de febrero de 2016, nos reunimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otras ciudades del país, ciudadanos, representantes de servicios hospitalarios, organizaciones de usuarios/as, de familiares, de profesionales, de organizaciones sociales y de derechos humanos, unidades académicas, trabajadores/as de salud mental, redes y colectivos.

Vivimos tiempos en dónde medidas gubernamentales han empeorado indicadores socioeconómicos (incremento de la inflación, pérdida del poder adquisitivo del salario, aumento del costo de vida, despidos masivos en el sector público y privado, recesión, etc). Según la Ley Nacional Nº 26.657 la salud mental se define “como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona.” Por lo tanto, si consideramos que no puede haber salud mental sin inclusión social, la ausencia de políticas públicas, sociales, económicas y particularmente de salud y salud mental en ese sentido, pueden estar produciendo en la población mayor exclusión social y generación de sufrimiento psíquico.

La puesta en marcha de políticas regresivas viene acompañada por un estilo que se precia de pasar sobre los marcos legales, y se presenta como una muestra de abuso en el ejercicio de la autoridad gubernamental. Sustituir el mandato de la ley por la arbitraria voluntad de quien gobierna, pone en jaque el andamiaje institucional como garantía para la convivencia social. Sus efectos sobre la subjetividad individual y colectiva son de gravedad histórica; generan estados de incertidumbre y borramiento del valor de las leyes organizadoras del lazo social.

Es necesario señalar algunos hitos de la coyuntura de violencia institucional, y en diferentes expresiones y acciones gubernamentales.

• El masivo despido de trabajadores de los diferentes estamentos del Estado, vulnerando el derecho al trabajo y desactivando programas que garantizaban el acceso a derechos a una amplia y postergada parte de nuestra sociedad. La estigmatización del empleado público y la humillación en los procedimientos de las notificaciones del despido.

• La detención ilegal de Milagros Sala, dirigente social y diputada del Parlasur, en la provincia de Jujuy, y de otros compañeros de diferentes organizaciones que luego fueron liberados. El ataque con balas de goma a niños de una murga en un barrio del Bajo Flores por parte de fuerzas policiales y de la gendarmería. La represión a los trabajadores de Cresta Roja y a trabajadores de La Plata.
• La promulgación del protocolo para inhibir la protesta social y habilitar la represión en calles, rutas y plazas.

• El cuestionamiento de leyes paradigmáticas de la democracia como la Ley de Medios Audiovisuales por un decreto presidencial, y la destrucción de organismos que la implementaban.

• El ataque a las instituciones de la cultura como el Centro Cultural Kirchner y Tecnópolis.

• El desmantelamiento del Programa CONECTAR-IGUALDAD.

Consideramos que estos graves episodios, entre otros, obedecen a la voluntad de imponer una sociedad del miedo. Reafirmamos que esto provoca entre otras muchas cuestiones, severos daños en la salud mental de la población. La violencia y el miedo generan mayor violencia, fragmenta los lazos sociales, promueve una cultura individualista, indiferente que conduce al aislamiento y a la banalización del padecimiento de los otros y de los propios.

En lo referido al campo de la Salud Pública vienen sucediéndose hechos que nos preocupan particularmente.

• Las declaraciones del Ministro de Salud de la Nación, el Dr. Jorge Lemus respecto a que los objetivos de la política de salud marcharán rumbo al establecimiento de un “seguro de salud”, preanuncia los anhelos neoliberales de ir en desmedro de la salud pública para afianzar los negocios de la medicina privada, a partir de ejercer un trasvasamiento de los recursos públicos estatales. Esta política implica trastocar el valor social de la salud en una mercancía, afectándose así, a las poblaciones de menores recursos económicos.

• Como contracara de estas declaraciones, estamos siendo testigos de la parálisis y/o desmantelamiento de programas como Organización Comunitaria en Salud, Salud Sexual y Procreación Responsable, Qunita, Programa de Salud Escolar (PROSANE), etc. por mencionar sólo algunos. Acciones que ponen de manifiesto un vaciamiento y debilitamiento del Estado como garante y promotor del derecho humano a la Salud.

Los principales funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación cuando ejercían funciones en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron funcionales a los intereses corporativos de la Asociación de Médicos Municipales, núcleo de poder con histórica resistencia a la implementación de la Ley 448/2000 de Salud Mental y de la Ley Nacional. Esta conjunción de poderes reproduce la preeminencia del poder médico psiquiátrico hegemónico, y se orienta hacia una visión desubjetivante y asocial de la salud mental.

En cuanto a la política de salud mental, han ocurrido medidas regresivas que queremos destacar.

Medidas adoptadas por el Ministerio de Salud de Nación:

1. Al igual que en otros ámbitos del Estado nacional, 43 contratos de trabajadores de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (DNSMA) fueron dados de baja sin prever su renovación. Los recortes intempestivos de personal, además de violar el derecho al trabajo de las personas afectadas, también desactiva funciones específicas de acción estatal sin prever el impacto en los derechos de las personas que se veían beneficiadas de dichos programas.

2. También en el ámbito de la DNSMA, se dieron de baja los programas territoriales dependientes de los Equipos de Abordaje Psicosocial (EAPS): 4 equipos conformados por entre 6 y 7 profesionales cada uno que trabajaban en los barrios de Zavaleta, Villa 31, Albariño (Villa Soldati) y en el municipio de San Martin, de la Provincia de Buenos Aires; también se desvinculó a un equipo estable que trabajaba en los Trenes Sanitarios Ramón Carrillo y Eva Perón. Todos esos trabajadores fueron convocados a cumplir sus respectivos horarios en el edificio sede del Ministerio, donde no les han asignado labores específicas hasta el momento. Los programas no han sido reemplazados por ningún otro, generando un vacío en los servicios que brindaban.

3. Desde la creación de la DNSMA estuvo operativo un equipo interdisciplinario para la evaluación de personas con causas relativas a la determinación judicial de su capacidad jurídica. Esto respondió a la necesidad de generar una alternativa de evaluación acorde a los presupuestos de la LNSMA –centrada en el pleno ejercicio de la capacidad mediante la toma de decisiones con apoyos- ante las serias deficiencias de otras oficinas periciales en ese sentido. Desde enero de este año, por disposición interna de la DNSMA, las funciones de ese equipo fueron cesadas y se ordenó la devolución de los más de 800 expedientes que se hallaban en pleno proceso evaluatorio hacia los juzgados de origen. A la fecha no se generó ninguna otra alternativa, profundizando la vulneración histórica de derechos hacia estas personas y negándoseles la posibilidad de acceso a una evaluación interdisciplinaria y a la designación de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, tal como se encuentra establecido en el Código Civil de la Nación.

4. Casa SIS – Salud con Inclusión Social: Era un programa para personas con padecimiento mental en conflicto con la ley penal que desde el 29 de febrero se desactivó cerrando la casa, sin transición alguna. Decenas de usuarios han perdido asistencia psicoterapéutica y psicosocial en el marco de la implementación de la LNSM.

5. En octubre de 2015, el Ministerio de Salud de la Nación creó la Escuela Nacional de Gobierno en Salud Pública “Ramón Carrillo”, acción que materializaba esta idea sostenida por ese eminente médico sanitarista desde los años ‘50. Desde su inauguración, dicha escuela ofertó 13 diplomaturas para personas en servicio sanitario, entre ellas, una sobre Salud Mental en el Primer Nivel de Atención. Mediante el decreto 358/2016 de febrero de este año, se derogó el decreto que creó la Escuela de Gobierno, interrumpiendo abruptamente la formación de más de 620  personas que se estaban capacitando en 4 carreras de posgrado  y de 2200 que se encontraban inscriptas para este año. De esta manera se cancelaron 10 carreras de posgrado  imposibilitando la formación en áreas de salud  con especialidades relevantes  para el campo de la salud mental. Ninguna otra medida de capacitación para profesionales en servicio ha sido anunciada.

Acciones en el ámbito de la Jefatura del Gabinete de Ministros:

6. Como forma de avanzar hacia la necesaria intersectorialidad de la política pública en salud mental, el decreto 603/2013 que reglamentó la LNSMA creó la Comisión Nacional Interministerial de Salud Mental y Adicciones (CONISMA), conformada por distintas carteras del poder ejecutivo, presidida por la autoridad de aplicación de la Ley e inserta dentro de la estructura funcional de la Jefatura del Gabinete de Ministros, lo que da cuenta de la relevancia institucional otorgada por la normativa. La CONISMA se constituyó según ordenó el decreto reglamentario y funcionó hasta el final del período de mandato de sus integrantes. A la fecha no han definido los nuevos integrantes de este organismo ni se ha designado al Secretario Ejecutivo, lo que señala una regresión en términos de inicio de funciones de ámbitos de importancia sustancial para la toma de decisiones interministeriales con implicancia nacional.

7. El mismo decreto reglamentario creó el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones (CCH), que se constituyó en octubre de 2014 con la integración de 30 organizaciones de usuarios, familiares, profesionales, del ámbito académico, de la sociedad civil y de organismos de derechos humanos; el mandato de los consejeros principales y suplentes tiene vigencia durante 4 años desde la elección y designación, según está previsto en la resolución de creación del CCH (Artículo 21, Anexo I, Acta 6/14 de la CONISMA). En la última sesión del CCH en noviembre de 2015 se acordó que la primera reunión plenaria del mismo se llevaría a cabo el 22 de febrero de 2016, las autoridades del mismo notificaron a la jefatura de gabinete y esta respondió que ante la falta de conformación de la CONISMA no podía convocarse a sesiones del CCH. 26 integrantes del Consejo se reunieron la fecha indicada según estaba previsto en la sede de la CTERA, sin la presencia de los funcionarios públicos.

Acciones sobre las políticas reparatorias para las víctimas de violaciones a los derechos humanos:

8. En noviembre de 2009, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de Nación en su resolución 1271/2009 creó el Centro de Asistencia a Víctimas del Terrorismo de Estado “Dr. Fernando Ulloa” en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con la misión de efectuar aportes en la planificación y ejecución de las políticas reparatorias del Estado teniendo presente las consecuencias que provocan las violaciones a los derechos humanos en la subjetividad de las víctimas y en la sociedad en su conjunto. Dichas competencias se fueron ampliando incorporando también en la política de reparación a las víctimas de violencia institucional, víctimas de la tragedia de Cromañón, etc. A partir del cambio de gestión, en los pasados meses, se apartaron de sus funciones a los cargos directivos (y hasta la fecha no han sido designados nuevos titulares) y se efectivizaron los despidos de 4 profesionales vinculados a la atención directa de personas tanto en CABA como en otras provincias. Esta alteración en el funcionamiento del Centro Ulloa se ha traducido en la afectación de procesos sostenidos con personas víctimas, tanto en el abordaje psicoterapéutico como en el acompañamiento durante los juicios, con las consecuencias que esto implica en términos de la preservación de la integridad psicofísica.

9. Desde el año 2012 a partir de un convenio entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se creó un equipo interdisciplinario que realizaba las evaluaciones de determinación del daño en la salud sufrido en personas víctimas del terrorismo de Estado que iniciaron la solicitud de los beneficios contemplados por las leyes reparatorias 24.043 (Indemnización para Ex-Detenidos), 25.914 (Indemnización para Hijos) y 26.564 (Ley Dovena). Desde su puesta en funcionamiento el equipo realizó 400 evaluaciones a beneficiarios de las siguientes jurisdicciones: CABA, Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Tucumán, Corrientes, Chaco, Neuquén, Jujuy, Mendoza, La Rioja, San Luis, San Juan, así como a beneficiarios que se encuentran radicados fuera del país por medio de la modalidad videoconferencia articulando con Cancillería y Consejo de la Magistratura. A pesar de que el convenio sigue vigente se han discontinuado las funciones de este equipo, así como de otros equipos del sistema público de salud dependientes del poder ejecutivo nacional lo que pone en riesgo la continuidad de las –aproximadamente- 1300 evaluaciones que aún se encuentran en trámite. La ausencia de nombramiento en la dirección del Centro Ulloa impide a su vez la derivación y supervisión técnica de todas las evaluaciones pendientes y ya realizadas a lo largo del país.

Considerando lo expuesto, MANIFESTAMOS: 

Las acciones tomadas tanto en las órbitas de los Ministerios de Salud, de Justicia y Derechos Humanos como en otras carteras alteran el regular proceso de asistencia a personas usuarias de los servicios de salud mental, así como a víctimas del terrorismo de Estado  y de la violencia institucional que estaban recibiendo asistencia integral. Esta situación coloca al Estado al margen de su más básica responsabilidad en una materia de tal peso histórico, social y simbólico para la Argentina y el ámbito internacional.

El derecho a la salud en general, y a la salud mental en particular, son conquistas irrenunciables de la sociedad en su conjunto que no pueden revertirse en virtud de cambios coyunturales, pues las autoridades deben mantener la obligación de respetar e implementar el marco normativo vigente en su plenitud.

En virtud de lo expresado en este documento, nos constituimos como Asamblea Permanente y nos definimos en estado de alerta, para dar seguimiento a las políticas de salud mental y exigir la implementación plena de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones.

Para ver las adhesiones al documento hacer click aquí

Para adherir al pronunciaminto entrar a: http://goo.gl/forms/d53gVvB36M