15 de Agosto de 2011
UNA CAMPAÑA PARA QUE LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL EJERZAN
SU DERECHO AL VOTO
Cecilia Kruger tiene 55 años, y hacía 23 que no votaba. Externada hace
un año de la Colonia Montes de Oca, ayer regresó a la escuela en la que cursó
la primaria y participó del acto eleccionario, habilitada por la reforma del
Código Electoral.
Tiempo Argentino
Fortalece. Da fe, esperanza. A pesar de haber tenido una enfermedad,
estamos siendo reinsertados en la sociedad. Me siento más incluida. De no tener
nada, ahora tenemos el derecho humano." A los 55 años, Cecilia Kruger
volvió a votar. Dice que se sintió "ciudadana", que está
"contenta". Lo había hecho por última vez 23 años atrás, cuando la
internaron en una institución de atención a la salud mental. Hace un año y
medio, le dieron la externación y alquiló una casa con una amiga, donde instalaron
un emprendimiento propio. Ayer viajó a la escuela donde completó su primaria,
en Torres, partido de Luján, para asistir a las urnas. "No es como antes,
no me siento más relegada", contó ayer a Tiempo Argentino.
El voto de Cecilia fue parte de una campaña piloto para que las personas
usuarias de servicios de salud mental puedan ejercer ese derecho, implementado
en las elecciones de ayer. Estuvo a cargo de más de diez organizaciones (entre
ellas, la Asociación por los Derechos en Salud Mental, la Asamblea Permanente de
Usuarios y sobrevivientes de los Servicios de Salud Mental, el Centro de
Estudios Legales y Sociales y La Colifata), y contó con el apoyo técnico
de distintas instituciones del Estado. Para visibilizar y garantizar el
cumplimiento de ese derecho, durante los últimos meses se realizaron
capacitaciones y acompañamientos a internados de centros como la Colonia
Nacional Montes de Oca, el Hospital Interzonal José A. Esteves y el Hospital
General de Agudos Dr. T. Álvarez.
La campaña tiene como fundamento tres elementos de la legislación
nacional. Por un lado, la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de la ONU, suscripta por la Argentina en 2008, que reafirma las
obligaciones del Estado de garantizar el goce pleno y en condiciones de igualdad
de todos los derechos y libertades fundamentales, entre ellos los derechos
políticos.
Asimismo, la reforma al Código Electoral habilitó a votar a las personas
que se encuentran en centros de internación, excepto las declaradas insanas en
juicio. Y finalmente, la flamante Ley Nacional de Salud Mental, que estableció
que todas las sentencias de incapacidad "deberán especificar las funciones
y actos que limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea
la menor posible", de modo que, si el juez no limita expresamente el
derecho al voto, los internados se encuentran habilitados para hacerlo.
Sin embargo, uno de los inconvenientes con los que se encontraron los
organizadores fue justamente la extendida cantidad de personas con declaración
de insania. En la Colonia Montes de Oca hay 700 personas internadas, 640 de las
cuales residen en pabellones y 60 en casas de medio camino. Pero sólo cinco
estaban habilitadas para votar. "Sabemos que hay muchos que están en
condiciones de elegir y que podemos trabajar para informarlos. Es algo que los
profesionales debemos revisar, porque esas personas pierden todos sus derechos.
Se debe trabajar en pos de la recuperación del derecho a la libertad, a
reinsertarse en la comunidad y vivir dignamente, y también a votar",
estimó la coordinadora de una de las casas de medio camino.
La campaña puso de manifiesto otro problema frecuente entre personas
internadas: la indocumentación. "Cuando preguntamos quiénes estaban en
condiciones de votar, encontramos que muchos no tenían su DNI. Las
instituciones psiquiátricas retienen los documentos, pero estos siguen siendo
propiedad de la persona. En la actualidad, es un trámite rápido, y suponemos
que la campaña ayudará a que se aceleren las gestiones en los centros de internación",
comentó Carmen Cáceres, de ADESAM. <
Organismos del Estado
APOYO TÉCNICO. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Asesoría General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires y la Dirección Nacional
de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación son las
instituciones que brindan el apoyo técnico a la campaña.
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